Análisis preliminar del Plan por Asoc Ragone.
Asociación Ragone pone en consideración de los Consejeros, las siguientes acciones y considerandos previos a la emisión del informe - Proyecto de Declaración sobre el Plan Integral de Protección de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Salta:
- Conocer la opinión y gestión del Ministerio de Seguridad sobre el traspaso de los Hogares de Protección de jóvenes en conflicto con la ley penal a la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano (Ver punto 4 en el desarrollo)
- Insistir en la generación y prácticas de herramientas de evaluación y la puesta a punto de los indicadores seleccionados para la generación de estadísticas y evaluaciones periódicas (Ver punto 2 en el desarrollo)
- Recomendar la inclusión de indicadores que permitan conocer la evolución y el comportamiento del personal técnico de todos los niveles en la Secretaría (Ver punto 2 en el desarrollo)
- Recomendar alinear los indicadores seleccionados para toda actividad, con los de los ODS y los del Plan de Desarrollo Salta 2030.
- Recomendar transversalizar el Plan de Protección con las políticas de sensibilización a cerca de la violencia de género y la diversidad sexo afectiva con foco en las infancias y la juventudes, las cuales se encuentran ausentes en el diseño del mismo. (Ver punto 5 en el desarrollo)
- Solicitar informe al OVCM (Observatorio de Violencia contra las Mujeres) a cerca de la adecuación de los Programas estatales, las normativa nacional y provincial y los avances en torno a los dictámenes de la Ley Micaela; y la relevancia de la inserción de metas específicas de las políticas de género y LGBTI en el Plan de Protección. (Sugerimos enviar el Plan y solicitar respuesta por escrito, la que puede ser adjuntada al Proyecto de declaración) (Ver punto 5 en el desarrollo)
- Conocer la opinión - evaluación del Plan por parte de las ong's que representan a la sociedad civil en el Consejo Provincial de la Niñez, presidido por la Dra. Vanina Zamora, acerca del diseño e implementación del Plan (ver propuesta para consulta por escrito) (Ver punto 1 en el desarrollo)
- Escuchar la voz de algunos niños en los dispositivos de protección, en consideración que es inoportuno emitir opinión alguna si no se escucha a los interesados, en sintonía con las disposiciones de la normativa internacional más actualizada. (Acordar visita de algunos niños al Consejo o vía zoom)
- Conocer el programa de capacitación de las personas aspirantes al Programa de acompañamiento al Egreso (Solicitarlo a la Secretaría)
- Conocer la opinión de algunas de las delegadas regionales de los dispositivos de protección en el interior; a cerca del diseño e implementación actual del Plan y de las problemáticas más importantes que abordan en sus regiones. (ver propuesta para consulta por escrito)
Desarrollo
Análisis preliminar del Plan Provincial de Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes
Se toma en consideración que el mismo diseño del Plan declara como principios recortes del mismo la efectividad, especialidad, la co responsablidad y el desarrollo sostenible.
Se escuchó a Rosa del Milagro Araya, Secretaria de Fortalecimiento Socio comunitario del Ministerio y a Fernando Teruel, Director General de Articulación e Investigación del Ministerio de Desarrollo Social. En una segunda oportunidad estuvo presente ………, Director ….. Sin participación en las conversaciones.
Punto 1 (uno). La voz de la Sociedad Civil es necesaria para permitir una visión más completa del impacto del Plan en territorio.
En los dos encuentros se escuchó a funcionarios que legitiman el Plan dado que corresponden a la entidad que lo construye y lo va implementando como parte de las políticas públicas de niñez e infancia de la presente gestión de gobierno.
Nos parece de fundamental importancia escuchar a la sociedad civil organizada, ligada al interés de la política pública que en esta oportunidad se analiza, dado que para opinar es preciso escuchar voces con intencionalidades diferenciadoras a las de los propios funcionarios involucrados. Sugerimos consultar la opinión acerca del Plan a las tres entidades de la sociedad civil que conforman el Consejo Provincial de la Niñez, presidido por la Dra. Vanina Zamora. Las mismas son:
Fundación Papis -Lucrecia Miller,
Fundación Fe y Alegría – Myrian Hanotte
Fundación Nacer y Crecer – Emilio Ocaño– Tartagal
Punto 2 (dos). Sobre los indicadores usados para la construcción de estadísticas: la necesidad de insistir en la generación y prácticas de herramientas de evaluación.
La construcción de los indicadores para la generación de las estadísticas no permite evaluar resultados en la vida práctica de los derechos protegidos. Nos ha parecido que los indicadores se seleccionaron con el objeto de medir la implementación del Plan de Protección.
En tal sentido, si bien los indicadores pudieran resultar de relevancia para la administración ministerial desde una visión de eficiencia en la implementación de las propuestas de políticas públicas de una gestión de gobierno, nos interesa que se pueda dar cuenta de los impactos en períodos de tiempo dado, en la población destinataria del Plan: los niños, niñas y adolescentes. En tal sentido, recomendamos completar la construcción del sistema de indicadores presentes en los ODS (Objetivos de Desarrollo del Milenio) y el Plan de Desarrollo Salta 2030 del Consejo Económico Social.
Punto 3 (tres). La necesidad de indicadores que permitan conocer la evolución del personal técnico por parte de la administración ministerial y la sociedad civil
Caso Thiago Quipildor
“El hilo se corta por lo más fino”, indicó a Radio Nacional Salta la delegada de ATE en la Secretaría de la Niñez y La Familia, Nelly Sánchez, tras las condenas que se conocieron ayer en el conocido caso Thiago, que llevó al banquillo a seis personas (tres de ellas agentes públicas), un médico y la pareja que debía cuidar al niño que falleció en 2015, y que tras una investigación dejó al descubierto que el deceso fue producto del maltrato de estos.
Patricia Sánchez y Marcelo Senise fueron condenados a prisión perpetua a causa de los hechos. Pero los profesionales terminaron con una condena de prisión condicional e inhabilitación para ejercer por entre dos y cuatro años, además de estar impedidos de ser convocados por el Estado al menos por diez años para ser empleados.
Al referirse al tema, Nelly Sánchez indicó cual es la situación en la cual se desempeñaban y se siguen desempeñando en la Secretaría.
Punto 4 (cuatro) Un aspecto del Plan sancionado constituye una falta grave de la gestión de política pública salteña en el marco de la normativa internacional de Protección de jóvenes.
Un caso grave de vulneración de derechos se plantea al estar los hogares de protección de derechos de niños en el marco del ministerio de Seguridad. Tres hechos deben mencionarse como agravantes de la situación que merece ser observada e informada antes los organismos nacionales y judiciales de control constitucional: 1.- el desplazamiento de los hogares de la órbita del ministerio de derechos humanos a la del ministerio de Seguridad, generando un franco retroceso en el marco federal del estado argentino frente a los compromisos internacionales asumidos. 2.- el retroceso en la política de seguridad concretamente sobre la conducción policial, visto en los abusos policiales sobre poblaciones jóvenes y vulnerables, de lo cual da cuenta por ejemplo el trabajo de la fiscalía de Derechos Humanos a cargo de la fiscala Verónica Simense de Bielke a partir de mediados de 2020. Informes en medios de comunicación dan cuenta del tratamiento de más de doscientas causas en menos de un año, sobre el accionar policial abusivo. La relación entre la política de seguridad que instrumenta el accionar policial y el self de la misma, con la política del Servicio Penitenciario a cargo del cual en general se encontraron tradicionalmente los hogares mencionados, obedece a que se trata de la misma concepción que vertebra la seguridad en una visión de lucha contra el crimen en la cual la prevención de la criminalidad está ausente. El resultado es la disfunción en las políticas de re inserción social y la nula inversión en materia de prevención.
Punto 5 (cinco). La política pública en materia de lucha contra la violencia de género y más recientemente los logros de los movimientos sociales en torno al reconocimiento de derechos por parte del Estado de la comunidad LGBTI, ha vertebrado una normativa acorde a los lineamientos internacionales más progresistas, de la cual Argentina puede mencionarse entre los países pioneros. Su contemplación es necesaria a la hora de prevenir este tipo de violencia naturalizada en la sociedad, tanto como la discriminación por motivos de identidad sexual.
Dos leyes son destacadas y merecen mencionarse en relación a su revisión para la inclusión de su normativa en el Plan de Protección, las cuales abordan directa o indirectamente los derechos de jóvenes y niños: la ley de Identidad de Género y la Ley contra la violencia contra las mujeres. Actualmente la política pública en relación al género, las diversidades, la reducción de la violencia machista y la consagración de los derechos de las mujeres en todas las orbitas de la vida social se nuclea en el Ministerio Nacional de Género y Diversidades. En Salta, se puede consultar al respecto al Observatorio de Violencia contra la Mujeres y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, la cual es el órgano de ejecución provincial en lo referente a la Ley Micaela. Si bien podría deducirse que en los diferentes Programas que integran el Plan, estas perspectivas de políticas públicas están incorporadas, no resulta expresado, por lo que recomendamos:
· Incorporar expresamente menciones a la perspectiva de género en los programas que conforman el plan
· En el futuro incorporar programa específico con la misión de transversalizar y controlar la inclusión de la perspectiva de género en la formación y la actividad del personal técnico, como en aquellas acciones tendientes a la re inserción de niños o educación en los hogares.
· Seleccionar indicadores específicos sobre el tema para las evaluaciones de metas
